Date: Sat, 17 schke@yahoo.com
Subject: Todos contra el Congresista ROY BARRERAS / La salud sin tutela...Otro de los Crimenes de Gobierno de Turno!!!!! !!!!
To:
Todos contra el Congresista ROY BARRERAS / La salud sin tutela...
To: ROY BARRERAS
Señor
Roy Barrera
Presidente del Senado
Puede considerarse políticamente muerto, porque con su absurdo,
irracional y nefasto proyecto de la salud sin tutela, ningún
colombiano que tenga un "dedito de frente" votará por usted en
próximas elecciones. Usted es un sicario de la salud colombiana.
¡Imbécil y desconsiderado! Le indico mi nombre y mi email para ver
si tiene los cojones para reclamarme a mí y a todo el pueblo
colombiano por este grotesco pero merecido mensaje para usted.
La salud sin tutela Este mensaje comenzará a circular en todos las redes sociales para su
divulgación masiva.
Por: Rodolfo Arango
EL ESPECTADOR
31 Oct 2012
El presidente del senado, Roy Barreras, pretende sepultar la acción de
tutela en materia de salud. En un proyecto de ley estatutaria
presentado recientemente y que cuenta con el apoyo del Gobierno, se
propone crear una acción legal de protección a la salud y limitar la
competencia para conocer de las demandas de salud a los jueces civiles
de circuito.
En términos sencillos, ya no serán todos los jueces del país, en su
calidad de jueces constitucionales de tutela, los responsables de
decidir sobre el acceso o la calidad de la salud de los colombianos,
sino unos pocos jueces civiles, con criterios patrimoniales y según
las reglas de sostenibilidad fiscal del Estado. El senador Barreras
parece defender muy bien los intereses del gremio al que representa
como médico y del que con seguridad recibirá en el futuro generosos
aportes para financiar sus ambiciones políticas. Lo claro es que su
iniciativa legislativa no representa exactamente a los dolientes de un
sistema saqueado por personas animadas por el lucro e indolentes ante
el sufrimiento.
El proyecto de ley estatutaria es claramente inconstitucional.
Significa un retroceso en la garantía constitucional del derecho
fundamental a la salud, derecho amparado por la Corte Constitucional
en su larga y consistente jurisprudencia. Viola además el principio de
derecho internacional que prohíbe el retroceso de la protección ya
alcanzada de los derechos sociales, económicos y culturales. Esto
porque la acción de tutela es un mecanismo constitucional de fácil
acceso, universal y de responsabilidad de todos los jueces de la
República, que asegura la inmediatez de la protección constitucional
del derecho a la salud. Esta garantía se vería recortada al limitar su
conocimiento a los jueces civiles, más si son de circuito, privando de
la defensa constitucional vía tutela a millones de personas que viven
en el campo o en regiones apartadas, de por sí con dificultades de
acceso a los jueces y al sistema de salud.
El proyecto de ley desconstitucionaliza la protección del derecho
fundamental a la salud al convertirla en asunto de ley y condicionarla
al cumplimiento de requisitos económicos y administrativos (dictámenes
de comités técnicos). El que tenga ingresos por encima de un salario
mínimo no podrá acceder a servicios no contemplados en el limitado
plan obligatorio de salud, salvo autorización expresa de comités
científicos. El ahorro y la burocracia por encima del dolor humano. Se
invierte así la precedencia de los derechos fundamentales sobre
razones de tipo económico, técnico y financiero.
La estrecha conexidad del derecho a la salud con el derecho a la vida
hace que el proyecto no sólo haga retroceder la garantía de la salud
sino la protección del derecho a la vida, más si se tiene en cuenta
que tampoco sería procedente la tutela como mecanismo transitorio
porque, en principio, la nueva acción de salud sería supuestamente más
expedita, por lo menos en el papel. Por fortuna, el senador Jorge
Robledo ha alertado oportunamente sobre los planes del presidente del
legislativo y miembro del Partido de la U. Si el Congreso y el
Gobierno quieren impedir el desangre del sistema de salud podrían
empezar por perseguir a las mafias de los medicamentos e impedir el
saqueo del sistema por prestadores venales, incluso aliados con
agentes de la propia Superintendencia de Salud, como ha sido el caso
en el pasado.
(Difundir masivamente y subir a todas las redes sociales)
Señor
Roy Barrera
Presidente del Senado
Puede considerarse políticamente muerto, porque con su absurdo,
irracional y nefasto proyecto de la salud sin tutela, ningún
colombiano que tenga un "dedito de frente" votará por usted en
próximas elecciones. Usted es un sicario de la salud colombiana.
¡Imbécil y desconsiderado! Le indico mi nombre y mi email para ver
si tiene los cojones para reclamarme a mí y a todo el pueblo
colombiano por este grotesco pero merecido mensaje para usted.
La salud sin tutela Este mensaje comenzará a circular en todos las redes sociales para su
divulgación masiva.
Por: Rodolfo Arango
EL ESPECTADOR
31 Oct 2012
El presidente del senado, Roy Barreras, pretende sepultar la acción de
tutela en materia de salud. En un proyecto de ley estatutaria
presentado recientemente y que cuenta con el apoyo del Gobierno, se
propone crear una acción legal de protección a la salud y limitar la
competencia para conocer de las demandas de salud a los jueces civiles
de circuito.
En términos sencillos, ya no serán todos los jueces del país, en su
calidad de jueces constitucionales de tutela, los responsables de
decidir sobre el acceso o la calidad de la salud de los colombianos,
sino unos pocos jueces civiles, con criterios patrimoniales y según
las reglas de sostenibilidad fiscal del Estado. El senador Barreras
parece defender muy bien los intereses del gremio al que representa
como médico y del que con seguridad recibirá en el futuro generosos
aportes para financiar sus ambiciones políticas. Lo claro es que su
iniciativa legislativa no representa exactamente a los dolientes de un
sistema saqueado por personas animadas por el lucro e indolentes ante
el sufrimiento.
El proyecto de ley estatutaria es claramente inconstitucional.
Significa un retroceso en la garantía constitucional del derecho
fundamental a la salud, derecho amparado por la Corte Constitucional
en su larga y consistente jurisprudencia. Viola además el principio de
derecho internacional que prohíbe el retroceso de la protección ya
alcanzada de los derechos sociales, económicos y culturales. Esto
porque la acción de tutela es un mecanismo constitucional de fácil
acceso, universal y de responsabilidad de todos los jueces de la
República, que asegura la inmediatez de la protección constitucional
del derecho a la salud. Esta garantía se vería recortada al limitar su
conocimiento a los jueces civiles, más si son de circuito, privando de
la defensa constitucional vía tutela a millones de personas que viven
en el campo o en regiones apartadas, de por sí con dificultades de
acceso a los jueces y al sistema de salud.
El proyecto de ley desconstitucionaliza la protección del derecho
fundamental a la salud al convertirla en asunto de ley y condicionarla
al cumplimiento de requisitos económicos y administrativos (dictámenes
de comités técnicos). El que tenga ingresos por encima de un salario
mínimo no podrá acceder a servicios no contemplados en el limitado
plan obligatorio de salud, salvo autorización expresa de comités
científicos. El ahorro y la burocracia por encima del dolor humano. Se
invierte así la precedencia de los derechos fundamentales sobre
razones de tipo económico, técnico y financiero.
La estrecha conexidad del derecho a la salud con el derecho a la vida
hace que el proyecto no sólo haga retroceder la garantía de la salud
sino la protección del derecho a la vida, más si se tiene en cuenta
que tampoco sería procedente la tutela como mecanismo transitorio
porque, en principio, la nueva acción de salud sería supuestamente más
expedita, por lo menos en el papel. Por fortuna, el senador Jorge
Robledo ha alertado oportunamente sobre los planes del presidente del
legislativo y miembro del Partido de la U. Si el Congreso y el
Gobierno quieren impedir el desangre del sistema de salud podrían
empezar por perseguir a las mafias de los medicamentos e impedir el
saqueo del sistema por prestadores venales, incluso aliados con
agentes de la propia Superintendencia de Salud, como ha sido el caso
en el pasado.
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